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Claroscuros de las reformas en proceso | ITESO | El faro cultural

 
enero de 2013

 

Claroscuros de las reformas en proceso | ITESO | El faro cultural

 

  • Las reformas energética, social y de telecomunicaciones que actualmente se discuten en el país, fueron los temas tratados en la sesión de la Cátedra Konrad Adenauer ITESO, en la que se plantearon certezas e incertidumbres sobre las mismas.

 

 

Señalan claroscuros de las reformas en proceso

 

La segmentación de varias instituciones de seguridad social en el país (IMSS, ISSSTE, además de las que tienen Marina, Defensa, Pemex y aparte el Seguro Popular), ha generado "muchas ineficiencias y problemas de gobernanza pues cada institución tiene su ley, sus reglamentos y diferentes  sistemas de protección", destacó Mireya Pasillas, profesora del ITESO, en el panel "Reformas estructurales en México: comunicaciones, energética y social", realizado el 20 de marzo dentro del marco de las actividades de la Cátedra Konrad Adenauer.

 

De acuerdo con datos presentados por Pasillas, en el censo del INEGI de 2010 hubo 44 millones de personas afiliadas al derecho de la Seguridad Social y 26 millones afiliadas al Seguro Popular, cifras que contrastan con las presentadas por las diversas instituciones ya que según éstas eran 65 millones las afiliadas a la Seguridad Social y 37 millones al seguro popular.

Pasillas, coautora del libro Propuesta de un sistema nacional de servicios de salud. Componente de salud de una propuesta de seguridad social universal, destacó que la propuesta en la que ha estado trabajando está encaminada a que todos los mexicanos tengan acceso a la seguridad social, y añadió que "el Seguro Popular  ha beneficiado a los más pobres, el IMSS se ha concentrado entre los intermedios y altos".

 

La académica formó parte del equipo que elaboró durante dos años la propuesta que entregó a fines de 2012 al entonces equipo de transición del gobierno federal, la cual contempla separar la parte de pensiones de la parte de salud en un esquema de seguridad social universal. Plantea también que lo relacionado con salud sea financiado por recursos federales y con ello se eliminen las cuotas obrero patronales.

 

Explicó que se busca que todos los ciudadanos tengan atención primaria con un médico de cabecera por cada dos mil habitantes, que atienda y que también canalice a la atención de segundo y tercer nivel y que en el mismo paquete de beneficios se cubran las 15 mil enfermedades que atienden las instituciones de Seguridad Social, ya que el Seguro Popular, que proviene de la Secretaría de Salud, sólo atiende el 13 por ciento de ellas.

Pasillas se ha desempeñado como consultora independiente especializada  en evaluaciones de programas sociales federales, y ha participado en evaluaciones al Programa Oportunidades y al Programa de Apoyo Alimentario, entre otros.

 

Destacó que la propuesta de reforma también considera la creación de un padrón único de beneficiados y la construcción de 153 hospitales de 30 camas en poblaciones rurales, 25 por año con un costo estimado de 3 mil125 millones de pesos anuales; mientras que en la población urbana se plantea hacer 37 hospitales de 144 camas con un costo de 3,900 millones de pesos, y un centro de atención gerontológica en cada capital de estado.

 

El rumbo que podrían tomar las telecomunicaciones y la energía

 

Cristina Romo, profesora emérita y numeraria del ITESO, destacó que la reforma de telecomunicaciones tiene aciertos, pero también hay dudas sobre lo que podría suceder una vez que termine la legislación secundaria, 180 días después de que entre en vigor la reforma.

 

Entre los aspectos que destacó la académica, se encuentran que las telecomunicaciones y la radiodifusión se conviertan en materia constitucional, la prohibición de la censura oficial de la libertad de expresión y la censura por medios indirectos como condicionar la venta del papel o la adjudicación discrecional de frecuencias; la expansión de infraestructura de banda ancha y reducción de costos, y el hecho de que se considera que "el Estado debe garantizar que la radiodifusión sea un 'servicio público' y sea prestado en condiciones de competencia y calidad a toda la población".

 

La creación de dos organismos constitucionales autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), y la de un consejo consultivo ciudadano que funja como un organismo asesor del Ifetel, fueron otros de los temas que la académica consideró relevantes de la reforma.  

 

"Me parece de especial importancia la creación del Ifetel y de la Comisión Federal de Competencia Económica como la recuperación de la rectoría del Estado en la materia, en vez de que la tengan el gobierno y los poderes fácticos, por lo que nos tocará a los ciudadanos cuidar su desempeño"; dijo Romo.

 

Por su parte, Sergio Benito Osorio Romero, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía, explicó, con relación a la reforma energética, que no será la primera vez que se toque a Petróleos Mexicanos (Pemex), y que lo importante en este caso es  qué tipo de reforma se hará.

 

"La industria petrolera mundial no es extractiva, es una integrada. El problema del país es que depende de la importación de gasolina en más o menos 50 por ciento, nos hicimos el principal importador mundial del gas licuado del petróleo que es el que se utiliza en nuestro hogar y como carburante para ciertos medios de transporte y, en general, que Pemex se quedó como una empresa con una gran capacidad extractiva, pero con una declinante capacidad de transformación industrial. Ese es uno de los graves problemas que tenemos", comentó.

 

Osorio señaló que el tema no es si debe haber reforma o no, sino el papel que desempeñaría Pemex, que podría ser sólo el de un ente administrador, o el de uno que aporte más al desarrollo del país.

En este sentido abundó que la incógnita de la reforma es si va a ser una para el mercado de productos derivados de petróleo, que implicaría convertir a Pemex en una entidad administradora de contratos para extracción y exploración, y "soltar los sectores de transformación industrial", o una que sea una para que Pemex empiece a funcionar como una empresa pública, y no como organismo público.

 

"Pemex no es la Secretaría de Educación Pública. Si se revisa el manual de contabilidad gubernamental del Fondo Monetario Internacional, se establece que estas empresas deben estar por fuera. Las secretarías hacen trabajo burocrático y la Comisión Federal de Electricidad y Pemex son entidades productivas y deben ser tratadas como tal para cumplir objetivos", finalizó.

 

 

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